Fiestas relámpago: la red que atrae adolescentes y desafía los controles en la zona Sur de La Paz

Cada cierto tiempo, casi siempre durante los fines de semana, un mismo patrón vuelve a repetirse en la zona Sur de La Paz. Lo que comienza como una convocatoria discreta en redes sociales o grupos cerrados de WhatsApp termina convirtiéndose en una fiesta clandestina donde decenas —e incluso cientos— de adolescentes acuden a divertirse miestras los organizadores aprobecha de vender bebidas que contienen alcohol sin ningún tipo de control sanitario o supervisión adulta.

Las publicaciones aparecen pocas horas antes del evento. La ubicación exacta solo se comparte con quienes forman parte de grupos privados de mensajería, una estrategia que dificulta el trabajo de las autoridades y reduce el riesgo de que los organizadores sean identificados antes del inicio de la fiesta.

Los operativos realizados durante los últimos dos años muestran que estos encuentros dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una modalidad de organización cada vez más sofisticada. Los casos registrados en Achumani, Irpavi y, más recientemente, Gramadal revelan un esquema que combina planificación previa, uso de inmuebles privados, difusión digital y mecanismos diseñados para evadir la fiscalización.

Una organización clandestina cada vez más sofisticada

Las investigaciones de la Policía y funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz indican que la mayoría de estas fiestas se organiza mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Los promotores crean grupos temporales donde anuncian el evento, cobran el ingreso y mantienen en reserva la dirección hasta pocas horas antes de la apertura.

En algunos casos se comercializan entradas digitales o manillas de acceso difundidas por WhatsApp; en otros, el pago se realiza directamente en la puerta para evitar dejar registros que permitan identificar a los responsables.

Los inmuebles utilizados tampoco son casuales. Los operativos municipales establecieron que varias de estas fiestas funcionaban en restaurantes fuera de horario o en viviendas particulares acondicionadas como discotecas improvisadas. Equipos de sonido de alta potencia, iluminación profesional, barras de expendio de bebidas alcohólicas y personal encargado del ingreso forman parte de una logística que evidencia un nivel de organización superior al de una reunión social espontánea.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la procedencia del alcohol que se comercializa durante estos eventos. En distintas intervenciones fueron decomisadas bebidas sin registro sanitario, licores artesanales elaborados sin control y productos cuya procedencia no pudo ser acreditada. Solo en Achumani se destruyeron aproximadamente 300 litros de licor artesanal, además de otros elementos que motivaron investigaciones adicionales.

Los operativos confirman una tendencia

La secuencia de intervenciones realizadas durante este año permite identificar un patrón de funcionamiento.

El 15 de febrero, un operativo conjunto entre la Alcaldía de La Paz y la Policía intervino una vivienda ubicada en Achumani donde se encontraban entre 150 y 200 jóvenes. Cincuenta eran menores de edad. Cuando comenzó el operativo, numerosos asistentes escaparon saltando muros y atravesando terrenos baldíos, mientras los organizadores lograban abandonar el lugar antes de ser identificados.

Menos de un mes después, otra intervención en Irpavi encontró entre 80 y 100 asistentes, de los cuales 34 eran menores de edad. En el operativo idnetificaron a tres organizadores que fueron arrestados para ser investigados por el presunto delito de corrupción de menores.

El episodio más reciente ocurrió en Gramadal, luego de que una denuncia ciudadana recibida a través de la Línea 156 permitiera activar un operativo de emergencia. La Defensoría Municipal resguardó a 56 menores de edad —31 mujeres y 25 varones—, la mayoría con edades comprendidas entre los 15 y 17 años.

Más que hechos independientes, estos operativos configuran un mismo fenómeno: reuniones masivas de jóvenes y adolescentes organizadas de manera clandestina, donde el consumo de alcohol constituye el principal atractivo y los mecanismos de control son prácticamente inexistentes.

La respuesta policial

La actuación policial depende, en gran medida, de las denuncias ciudadanas y de tareas de inteligencia desarrolladas antes de cada operativo.

Una vez confirmada la información, la Policía coordina acciones con la Intendencia Municipal, la Defensoría de la Niñez, la Guardia Municipal y las unidades de Seguridad Ciudadana para intervenir simultáneamente el lugar, proteger a los menores y tratar de identificar a los responsables.

Sin embargo, las intervenciones también evidencian limitaciones importantes. En varios operativos los organizadores lograron escapar minutos antes del ingreso de las autoridades, dificultando la consolidación de procesos penales. En otros casos únicamente fue posible arrestar a presuntos responsables mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes promovieron la actividad, quiénes administraban la venta de alcohol y quiénes alquilaban los inmuebles.

El rol del municipio

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz participa mediante la Intendencia, la Guardia Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Defensoría Municipal.

Sus competencias incluyen la clausura de establecimientos que operan fuera de la normativa, el decomiso de bebidas alcohólicas, la verificación de licencias de funcionamiento y, sobre todo, la protección inmediata de niñas, niños y adolescentes encontrados en situación de riesgo.

Después de cada operativo, los menores son identificados y entregados a sus padres o tutores mediante actas de compromiso. Cuando no es posible ubicar a sus familiares o existen dudas sobre su situación de protección, permanecen bajo resguardo de la Defensoría hasta completar la evaluación correspondiente y activar el seguimiento psicosocial.

Mucho más que una fiesta

Las intervenciones realizadas durante este año demuestran que los operativos consiguen suspender las fiestas y rescatar a los adolescentes presentes. Sin embargo, también dejan en evidencia que los organizadores adaptan constantemente sus mecanismos para evitar los controles.

El modelo se repite. Se alquilan restaurantes, salones de eventos o viviendas particulares bajo el argumento de realizar reuniones privadas. Una vez iniciado el evento, los organizadores controlan el acceso, comercializan bebidas alcohólicas —muchas veces sin registro sanitario— y concentran a decenas de menores de edad en espacios donde prácticamente desaparece cualquier forma de supervisión.

La información recopilada durante las investigaciones sugiere que detrás de estas convocatorias existe una red de jóvenes que administra grupos de WhatsApp y otras plataformas digitales desde las cuales difunden permanentemente invitaciones dirigidas principalmente a estudiantes de colegios privados y universitarios de primeros años. La ubicación de la fiesta cambia cada semana, pero la metodología permanece prácticamente intacta.

El desafío pendiente

Las autoridades municipales coinciden en que la denuncia ciudadana ha sido determinante para activar la mayoría de los operativos, mientras que la Policía mantiene abiertas investigaciones destinadas a identificar a las personas que integran estas redes de organización.

El desafío, sin embargo, trasciende la clausura de un local o el decomiso de bebidas alcohólicas. Se trata de desarticular un sistema clandestino que utiliza las plataformas digitales para captar adolescentes, alquila inmuebles privados para eludir la fiscalización y obtiene ganancias económicas mediante la venta entradas y la de alcohol a menores de edad.

Cada operativo evita que una fiesta continúe durante algunas horas. Lo que todavía permanece intacto es la estructura que permite que, el siguiente fin de semana, una nueva convocatoria vuelva a circular en los teléfonos de cientos de adolescentes, reproduciendo un circuito que expone a menores de edad al consumo de alcohol, a posibles sustancias ilícitas y a múltiples vulneraciones de sus derechos.