Lo que Bolivia puede aprender del modelo cinematográfico colombiano

Antes de la primera década del siglo XXI, Colombia era un país con talento cinematográfico, pero sin una industria sólida.

Las películas se producían de manera esporádica, dependían casi exclusivamente de recursos estatales o de la cooperación internacional y, en muchos casos, no lograban acceder a circuitos de distribución comercial.

Dos décadas después, el panorama cambió de forma radical. Hoy, Colombia es considerada uno de los modelos más exitosos de fomento cinematográfico en América del Sur gracias a un marco legal estable, un sistema permanente de financiamiento y una política pública que convirtió a la cultura en un sector productivo.

El punto de inflexión llegó en 2003 con la aprobación de la Ley 814, conocida como Ley de Cine. Esta norma rompió con la lógica tradicional de los subsidios ocasionales y creó un mecanismo autosostenible de financiamiento. La legislación estableció la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, una contribución parafiscal pagada por exhibidores, distribuidores y productores de películas comerciales. Estos recursos alimentan el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), administrado por Proimágenes Colombia bajo supervisión del Estado.

La diferencia con otros países de la región es sustancial. Mientras muchos fondos culturales dependen de la voluntad política de cada gobierno y de la disponibilidad presupuestaria anual, el modelo colombiano garantiza una fuente permanente de ingresos. En otras palabras, es la propia actividad cinematográfica —a través del aporte de los espectadores que asisten a las salas y de las contribuciones realizadas por distribuidores y exhibidores, establecidas por la Ley 814— la que financia el crecimiento del cine colombiano.

La creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico permitió establecer convocatorias públicas y transparentes para financiar todas las etapas de la cadena audiovisual: escritura de guiones, desarrollo de proyectos, producción de largometrajes, documentales, cortometrajes y obras de animación, posproducción, formación profesional, preservación del patrimonio fílmico, circulación nacional e internacional y fortalecimiento de festivales de cine.

Durante los últimos diez años, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) destinó alrededor de 72 millones de dólares al fortalecimiento y desarrollo del cine colombiano, registrando un crecimiento significativo tras la pandemia.

Los resultados comenzaron a hacerse visibles pocos años después. La producción anual de películas colombianas aumentó de manera sostenida, surgieron nuevas generaciones de realizadores y el país empezó a obtener una presencia constante en festivales internacionales como Cannes, Berlín, San Sebastián, Venecia y Sundance.

El cine colombiano dejó de concentrarse exclusivamente en Bogotá y se expandió hacia regiones históricamente alejadas de los principales centros de producción audiovisual.

Sin embargo, la estrategia colombiana no terminó allí. En 2012, el Congreso aprobó la Ley 1556, que creó el Fondo Fílmico Colombia, orientado a atraer producciones audiovisuales internacionales mediante incentivos económicos y la devolución parcial de los gastos realizados en territorio colombiano. El objetivo era claro: convertir al país en un destino competitivo para rodajes internacionales, generando empleo, transferencia tecnológica y dinamización del turismo.

Esta política fortaleció el trabajo de la Comisión Fílmica de Colombia, una instancia especializada en promover al país como destino de producciones audiovisuales internacionales para atraer inversiones, generar divisas y crear empleo mediante la actividad cinematográfica.

La medida consolidó un ecosistema que hoy involucra empresas de servicios audiovisuales, estudios de grabación, casas de posproducción, compañías de efectos visuales, técnicos especializados y miles de trabajadores independientes. La política pública dejó de entender al cine únicamente como una expresión artística para asumirlo también como una industria creativa con capacidad de generar inversión, empleo y desarrollo económico.

No obstante, detrás de este éxito existe una lección política que suele pasar inadvertida. El verdadero motor del crecimiento colombiano no ha sido únicamente el volumen de recursos destinados al sector, sino la continuidad institucional. Durante más de veinte años, gobiernos de distintas orientaciones mantuvieron intacta la arquitectura legal del sistema, preservando reglas claras para inversionistas y creadores. Esa estabilidad permitió que productores nacionales y extranjeros planificaran proyectos de largo plazo con menores niveles de incertidumbre.

El caso colombiano también demuestra que el fomento al cine requiere independencia frente a los ciclos políticos. Las decisiones sobre la asignación de recursos se realizan mediante convocatorias técnicas y órganos especializados, reduciendo el margen para la discrecionalidad gubernamental. Esta característica ha sido considerada una de las principales fortalezas del modelo.

En América del Sur, donde numerosos países enfrentan recortes presupuestarios, cambios frecuentes en las políticas culturales o fondos discontinuos, Colombia aparece como un referente. Su legislación logró transformar un sector históricamente frágil en una industria capaz de competir internacionalmente sin depender exclusivamente de los recursos del Estado.

La experiencia colombiana deja una conclusión difícil de ignorar: el desarrollo de una industria cinematográfica no depende únicamente del talento de sus cineastas. Requiere normas estables, mecanismos permanentes de financiamiento, transparencia en la asignación de recursos y una visión de Estado que entienda al cine como patrimonio cultural, pero también como motor de desarrollo económico. Esa combinación explica por qué Colombia pasó, en apenas dos décadas, de producir películas aisladas a consolidarse como uno de los ejemplos más sólidos de política cinematográfica en América Latina.